El castillo de Galve en la actualidad
El castillo de Galve de Sorbe, edificado en el siglo XV por la familia de los Estúñiga, es uno de los edificios de mayor valor histórico y artístico de la Sierra de Guadalajara, pese a encontrarse en un avanzado estado de degradación. El castillo de Galve, igual que todos los castillos de España, está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Por entronques familiares, el castillo pasó a manos de la Casa de Alba hasta 1971. Tras ofrecérselo al Ayuntamiento de Galve, y que éste lo rechazara, la Delegación de Hacienda lo subastó en Guadalajara junto a otros seis monumentos de la provincia. Fue adjudicado por 1,4 millones de pesetas a Carlos Junqueras de Miquel, un empresario de origen catalán.
Posteriormente, fue vendido a su actual propietario, Enrique Calle
Donoso, quien efectuó una serie de obras a finales de la década de los
setenta y principios de los ochenta. Fue una intervención irregular
realizada no por técnicos en patrimonio ni arqueólogos, sino por
personal de obra y voluntarios del pueblo. Estas obras permitieron la
reconstrucción parcial de uno de los muros exteriores adosados a la
Torre del Homenaje. Sin embargo, también supuso la introducción de
materiales inadecuados, como ladrillo, y la edificación de muros de
hormigón y estancias en el interior (incluida una almena de uralita en
la Torre del Homenaje) sin respetar las características originales del
edificio.
El Ministerio de Cultura, que entonces tenía las competencias en materia
de patrimonio histórico, decidió parar las obras a través de una orden ejecutada por Bellas Artes. Fue entonces cuando el castillo inició un particular viacrucis de abandono, deterioro y suciedad que continúa acentuándose cada año.
Desde entonces, el propietario se ha desentendido del edificio. Actualmente, el castillo no se encuentra en fase de ruina, pero sí sufre un estado de degradación que incluye desprendimientos en los muros exteriores y la acumulación de bazofia y materiales de todo tipo en el interior: muros derruidos, puertas y sillas viejas, maleza en el patio interior, vigas destrozadas, tablas de madera carcomidas, escaleras rotas...
La Asociación Castillo de Galve, desde su fundación en 2006, ha pedido a la Junta de Castilla-La Mancha, que es la Administración que actualmente ejerce las competencias políticas en materia de patrimonio histórico, que haga cumplir
la legislación y exhorte al dueño del castillo a satisfacer las obligaciones que recoge tanto la Ley de Patrimonio Histórico estatal como la Ley Regional de 2013.
La asociación ha intentado siempre dialogar con el dueño del edificio para buscar una salida negociada para el castillo, pero su actitud negativa siempre lo ha impedido. La asociación negoció el borrador de un contrato de cesión de uso con su representante legal en 2006, que finalmente no pudo ejecutarse.
Posteriormente, la Administración regional ofreció ayuda económica al propietario para rehabilitar el castillo, pero el Sr. Calle Donoso lo rechazó con el argumento de que disponía de fondos propios suficientes para acometer unas obras que jamás hizo.
En 2010, ante los requerimientos de la Delegación Provincial de Cultura, el dueño presentó un proyecto de rehabilitación del castillo. Los técnicos de Patrimonio de la Junta rechazaron el documento e indicaron al propietario a subsanar los errores que contenía y ampliar los puntos que faltaban. El proyecto acabó frustrándose.
A principios de 2011, la Junta de Castilla-La Mancha decidió incoar un expediente de sanción al dueño por incumplimiento de la legislación y por su actitud obstruccionista. El expediente acarrearía una sanción económica, se tramitaría por vía administrativa y judicial y podría desembocar en una futura expropiación del edificio. En enero de 2014, el actual delegado de la Junta en Guadalajara afirmó que quería "reimpulsar" este expediente y reconoció que durante los últimos tres años no se había avanzado nada.
La Asociación Castillo de Galve exige que se cumpla la legislación y se evite la ruina del castillo, ya sea mediante una restauración integral o, al menos, una rehabilitación que garantice el futuro del edificio. El artículo 23 de la vigente Ley de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha señala lo siguiente: “Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos adecuadamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, deterioro o destrucción”.
Nada de eso se está cumpliendo. Ni el dueño cumple sus obligaciones legales, ni la Administración actúa con eficacia ni celeridad para garantizar la conservación. La Asociación Castillo de Galve, con el apoyo de los vecinos y amigos de este pueblo, seguirá trabajando para superar este bloqueo.